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¿Para cuándo las depuradoras?

En el último pleno ordinario se aprobó una moción de Por Atarfe Sí (PASI) para exigir a la Junta de Andalucía la construcción de depuradoras de aguas residuales. Nuestra compañera y concejal de Medio Ambiente, Gloria Casado, se refirió al «incumplimiento reiterado de los compromisos que adquirió la administración autonómica» en el tratamiento de las aguas, causando graves problemas ambientales en las vegas, ríos y acuíferos, y también sanitarios en todos los municipios de la aglomeración urbana de Granada. 
Se nos dice desde el PSOE que la Junta de Andalucía ha hecho dos depuradoras -EDAR sur y la de los Vados- y que guarda en un cajón «blindado» 300 millones de euros para que los municipios realicen las obras complementarias del ciclo integral del agua.
Pero lo cierto es que, en más de una década, no se han hecho obras relevantes ni siquiera ampliaciones de las existentes. Cabe recordar a los desmemoriados que la Junta de Andalucía firmó un convenio con el Consorcio Vega-Sierra Elvira y el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur para la coordinación, ejecución y financiación de las obras precisas del ciclo integral del agua en el área metropolitana. Un programa de infraestructuras valorado en 155 millones que ha quedado en papel mojado.
Seguimos sin tratamiento de las aguas residuales a pesar de que el plazo legal de la directiva venció en 2006, con los consiguientes problemas ambientales.
Tal y como recordó nuestra portavoz, Rosa Félix, en estos años han primado más los intereses de una multinacional como Aguas de Barcelona, a la que los alcaldes del PP y PSOE cedieron la gestión del agua, que los criterios ambientales y de salud pública.
En breve dedicaremos un artículo al papel que han jugado los dirigentes socialistas y nos referiremos a la inminente subida del agua que han aprobado algunos alcaldes del Consorcio Vega-Sierra Elvira. Los hay que se dedican a preparar el caldo gordo para buen provecho de la multinacional Aguas de Barcelona.
Por muchas atribuciones que pueda tener el presidente del Consorcio, en este caso el alcalde socialista Noel López, o la misma asamblea del ente supramunicipal, no se puede enmascarar la subida del agua con una medida social, como es la concesión de bonos a familias sin recursos, máxime cuando la empresa Aguasvira ha tenido más de un millón y medio de euros de beneficios netos en 2016. El socio privado tiene la obligación de costear dicho bono.
En el siguiente enlace de la web municipal podéis leer la moción que presentamos en el pleno y que fue aprobada por todos los grupos, con la abstención y un voto en contra del PSOE.

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