Resulta sorprendente que los mismos que nos vienen amenazando y amedrantando con presentar denuncias en comisiones, juntas de portavoces y en plenos, nos acusen en la última sesión extraordinaria de mantener actitudes antidemocráticas y autoritarias.
El último episodio tuvo lugar en el pleno extraordinario celebrado el martes 26 de septiembre cuando los concejales del PSOE, PP y Ciudadanos decidieron abandonar el salón consistorial reservado a los debates en un intento más de torpedear la acción de gobierno. Ya lo dejaron caer en la comisión informativa de portavoces que se celebró un día antes donde exigieron que se incluyera en el orden del día la toma de posesión de la nueva concejal socialista con el único objetivo de bloquear una vez más las propuestas de este equipo de gobierno. Si no se accedía, impugnarían el pleno. Dicho y hecho.
Los vecinos y vecinas de Atarfe tienen que saber que la decisión de no incluir este punto en el orden del día del pleno extraordinario no fue un capricho de este equipo de gobierno para pasar el «rodillo» -como dijo la portavoz socialista en su intervención- y aprobar los puntos que nos interesaban. Buscaron la excusa de la demora que se produjo en el inicio del pleno (media hora de retraso) para reventar el pleno, convencidos de que Ganemos obedece a todo lo que nosotros digamos, como si no tuvieran autonomía y capacidad de decisión propias. Otra falta de respeto más hacia un grupo con el que podemos coincidir en muchos aspectos pero también discrepar, como se vio en algunos puntos del orden del día que, de haber estado presente la triple alianza, nos lo hubieran tumbado con casi toda probabilidad.
Ahora resulta que es «antidemocrática» la decisión del equipo de gobierno de esperar a que se incorporara la concejal de Ganemos, Silvia Lara, quien comunicó por teléfono que ya estaba de camino. Tuvimos la decencia de esperar a una compañera como también lo hacemos con otros concejales, incluido con el portavoz del PP quien precisamente llegó tarde a la comisión informativa del pasado 7 de septiembre.
Se nos reprocha igualmente la actitud «autoritaria» de nuestro alcalde, como así queda reflejado en la nota a los medios que envío el PP minutos después del pleno, cuando intentó en reiteradas ocasiones, con llamadas a la calma, reconducir la situación cuando el concejal del PP anunció su marcha, arrastrando al resto de concejales que hoy por hoy ejercen de ‘pinza’.
Por no mencionar lo absurdo que resulta mentir en público y aseverar desde su tribuna que «expulsábamos» a los concejales legítimamente elegidos por el pueblo. Os invitamos a que veáis el video del pleno para que comprobéis las formas imperativas no precisamente del alcalde.
Sobre el quid de la cuestión: la NO toma de posesión de la nueva concejal del PSOE que ellos esgrimen para impugnar los acuerdos del pleno y los asuntos de dudosa legalidad que se aprobaron ese día con informes técnicos favorables. ¿Por qué tantas reticencias a iniciar un calendario de pagos por los terrenos que se expropiaron a los propietarios del Corredor Verde? ¿Había algún problema con la modificación de crédito para gastos de gestión de las instalaciones deportivas de Acidesa? ¿Presentaba algún problema legal la modificación para la construcción de nichos, la aportación del Ayuntamiento al Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) especial, la innifugación de una Plaza de Toros que se estrenó sin reunir las condiciones en materia de seguridad? ¿Quizá la dotación de una plaza de arquitecto? ¿O quizá, de haberse aprobado -finalmente se retiró- la modificación de la plantilla de las 60 trabajadoras de Ayuda a Domicilio que, recordémoslo, estuvieron trabajando en situación irregular como falsas autónomas desde 1992 y por las que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social nos reclama 1,4 millones de euros en concepto de cuotas sociales? ¿Quién instigó la denuncia en la Inspección de Trabajo en medio del proceso que iniciamos para regularizar la situación?
Pero volvamos a la toma de posesión de la nueva concejal del PSOE que, curiosamente, no ha mostrado su disconformidad ni queja alguna. Conviene aclarar la secuencia de lo sucedido para despejar dudas y salir al paso de las graves acusaciones que se nos hace desde los principales partidos de la oposición.
En primer lugar, en apenas dos años de mandato tres de los cinco concejales electos del PSOE han presentado su dimisión y otras once personas que iban en las listas han renunciado a cubrir las bajas. La persona elegida para sustituir la vacante del portavoz socialista, Óscar González, ocupa la número 16 en la lista. Fue el 31 de mayo cuando el entonces portavoz socialista presentó su renuncia como concejal, que se hizo efectiva en el pleno del mes de julio. Desde entonces se ha producido un rosario de bajas del que no es responsable este equipo de gobierno.
A todos los portavoces de los grupos municipales se les comunicó en la junta de portavoces del 7 de septiembre la intención del gobierno de organizar un pleno extraordinario este mismo mes de septiembre para dar salida a varios asuntos que considerábamos inaplazables, convocatoria que se hizo efectiva el 21, fijándose el día 26 como fecha de celebración. La credencial de la acta de la concejal socialista se recibió un día antes del pleno, el lunes 25, por lo que se procedió como legalmente está establecido a incorporar la toma de posesión en la siguiente sesión a convocar, en este caso el pleno ordinario que tuvo lugar el jueves 28.
Nos llama la atención que el concejal del PP, Antonio Díaz, se arrogara en la comisión informativa y en el pleno extraordinario el papel de defensor de los valores democráticos y el de portavoz del PSOE, amenazando con impugnar todos los acuerdos si no se incorporaba el punto de la toma de posesión de la nueva concejal.
No nos asustan los intentos de amedrantarnos. Tampoco es la primera vez que tratan de judicializar la política. Lo intentaron al principio de mandato exigiendo la dimisión de Paco sin estar imputado en causa alguna, tal y como demostramos al aportar un certificado del secretario judicial para vergüenza de muchos allí presentes. También la Fiscalía archivó recientemente la denuncia del PP por supuesta prevaricación y malversación de caudales públicos del alcalde tras firmar un decreto, avalado por varios informes técnicos y jurídicos, en el que se reconocía los derechos adquiridos por un trabajador que llevaba trece años como falso autónomo. Ni siquiera se ha disculpado por el acoso al alcalde.
Por tanto, no pasa nada si impugnan los acuerdos del pleno ante la justicia. Tenemos la conciencia tranquila. Sabemos que el acoso forma parte de una estrategia para impedir cualquier maniobra de este equipo de gobierno. Ya lo hicieron impidiendo aprobar por dos veces un plan de saneamiento que permitía demorar el pago de la deuda a los bancos por un periodo de tres años para saldar otros pufos heredados, como iniciar ahora el primero de los pagos a los propietarios del Corredor Verde. Igualmente bloquearon la bolsa de trabajo, el acuerdo regulador de funcionarios, los huertos ciudadanos y el reglamento de Participación Ciudadana, entre otras iniciativas.
Nuestro grupo siempre ha tendido la mano para llegar a consensos y la mantendrá abierta el tiempo que queda de mandato. Pero hasta ahora, salvo excepciones, no vemos voluntad política, sólo intentos de destruir cualquier iniciativa del equipo de gobierno y eso, más tarde o temprano, pasa factura no a PASI sino a los vecinos y vecinas de Atarfe. Y, lo que es peor, persigue la desafección política entre ciudadanos que no consiguen diferenciar a unos partidos de otros.
