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¿A qué tienen miedo?

Nos hubiera gustado contar con un nuevo reglamento de Participación Ciudadana en Atarfe que reforzara el papel del asociacionismo, pero su aprobación en el pleno ordinario celebrado el pasado 30 de marzo no fue posible. Los grupos municipales PSOE, PP y Ciudadanos tumbaron una propuesta del equipo de gobierno que sólo contó con el voto favorable de Ganemos, insuficiente para renovar un documento que lleva arrinconado desde 1997.

Entre las propuestas más destacadas que se incluían en el documento figuraban el derecho a la información de todos los acuerdos de los órganos de gobierno municipales, la creación de una Oficina de Atención a la Ciudadanía, la instalación de un buzón de quejas y sugerencias que dependía de Alcaldía, el derecho de audiencia pública, el derecho a promover una iniciativa popular suscrita el menos por el 15% de la población con derecho de sufragio activo, la consulta popular sobre asuntos de competencia municipal, la posibilidad de realizar estudios de opinión ciudadana, la creación de un Consejo de la Ciudad o la convocatoria de las asambleas de barrio.

No por ello vamos a renunciar a nuestro objetivo de contar en nuestro municipio con un tejido asociativo activo e independiente, que defienda los intereses de los vecinos y vecinas de Atarfe y que no sea una correa de transmisión de los partidos políticos.
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Creemos que desde que tomamos posesión del gobierno el pasado mes de julio hemos dado pasos en la dirección de fomentar la participación y la transparencia de los asuntos públicos locales. Este equipo de gobierno que preside Paco Rodríguez Quesada ha profundizado en los mecanismos de participación que, en algunos casos, ya están a disposición de los ciudadanos, como la posibilidad de intervenir en las asambleas de barrio o formular preguntas en los plenos ordinarios, opciones que introdujo el actual equipo de gobierno con el objetivo de que «la ciudadanía tenga las mismas oportunidades para opinar en condiciones de igualdad». O algo tan simple como que los ciudadanos puedan conocer los acuerdos públicos de los órganos de gobierno municipales, un derecho que no siempre se ha cumplido.
De igual modo, con este gobierno se informa de forma pormenorizada de todos los asuntos que son de interés para los vecinos: no sólo se ha puesto en marcha el Portal de Transparencia que es preceptivo por ley sino que ha reforzado la comunicación a través de las redes sociales y en la propia web del ayuntamiento, donde se actualizan informaciones casi a diario. También se retransmiten en directo los debates del pleno y el video se sube a la web para que pueda visionarse en diferido.

Los artículos polémicos 29 y 60

Pero vayamos a los motivos de discordia que han impedido sacar adelante un reglamento en el que han colaborado los grupos municipales -unos más que otros- y distintos colectivos que pasamos a enumerar y a los que agradecemos sus aportaciones que seguiremos teniendo en cuenta: Fundación Sierra Elvira, Grupo de Trabajo para la Accesibilidad de Atarfe, la Asociación de Alumnos Antonio Machado del Centro de Adultos Mariana Pineda, la Asociación de Vecinos la Tasquiva, la Asociación La Arrejuntá, Colectivos de Mujeres Aura y vecinos a título particular.
Las diferencias, que algunos han querido que sean insalvables, se limitan al contenido de dos artículos de un total de 60: los artículos 29 y 60 que aluden a la composición del Consejo de la Ciudad de Atarfe, un órgano «consultivo» con capacidad para realizar propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica y grandes proyectos urbanos; y a la posibilidad de que los vecinos y vecinas de Atarfe tengan capacidad de decisión a la hora de establecer las prioridades en el capítulo de inversiones de los presupuestos.

Composición del Consejo de la Ciudad de Atarfe (Artículo 29. Punto 1):
– El alcalde, que ostentará la Presidencia, quien podrá delegar en cualquier concejal.
– Un vicepresidente, concejal/a del área de Participación del Ayuntamiento de Atarfe.
– Un representante nombrado por el Consejo Escolar Municipal
– Un representante de la organización empresarial más representativa de la ciudad.
– Un representante de cada uno de los Consejos Sectoriales (Accesibilidad, Deportes, Acción Social, Igualdad, Cultura, Organizaciones vecinales, Medio Ambiente, Juventud…).
– Un representante por las Fundaciones inscritas en el registro.
– Un representante por cada uno de los grupos políticos que formen la Corporación Municipal ( Con voz pero sin voto)
– Podrán asistir ocasionalmente expertos en asuntos que se traten a petición del equipo de gobierno o alguno de los miembros, con voz pero sin voto.

El único problema del artículo 29 del reglamento estribaba en que se le daba «voz pero no voto» a los representantes de los grupos políticos en el Consejo de Ciudad de Atarfe, un órgano -como decíamos antes- consultivo, «amplio y plural», donde están representados todos los agentes sociales y empresariales. El hecho de que el alcalde, como presidente del citado Consejo tuviese derecho a voto -tal y como establecen los reglamentos de otras ciudades que se suele ejercer en caso de empate- se vio por parte de los tres grupos de la oposición como un intento de excluirles. No lo vio así Ganemos, cuya portavoz, Silvia Lara, entendió que no había razones para tal «recelo» y, con buen criterio, recordó que «en última instancia» las prioridades que marque el Consejo deben pasar por pleno, el órgano decisorio en el que están representados los distintos grupos políticos.
De nada sirvió que Paco renunciara a su derecho al voto si con ello se alcanzaba el consenso. La decisión estaba tomada. En lugar de dar protagonismo a los ciudadanos, algunos grupos parecen estar más preocupados en fiscalizar la labor de las asociaciones y los colectivos ciudadanos, y establecer una línea roja que deje bien claro que son ellos -y solo ellos- los que representan a los ciudadanos, como si se pretendiera con ello suplantar sus competencias. Nada más lejos de la realidad.
Tampoco se sostienen los reparos a la posibilidad de que los vecinos y vecinas de Atarfe puedan intervenir en lo que se ha llamado «presupuestos participativos». Esto es lo que dice el punto 2 del artículo 60 que no gusta al PP y a Ciudadanos:

«La finalidad de este proceso es que la asignación de gasto por parte del ayuntamiento se haga teniendo en cuenta las prioridades manifestadas en un proceso participativo en el que se hayan oído previamente las opiniones, criterios y sensibilidades de la ciudadanía. A estos efectos del presupuesto de inversiones a incluir en el presupuesto general, Capitulo VI,se determinará una cantidad que es la que se propondrá a la ciudadanía para la fijación de las actuaciones a desarrollar, dentro de las áreas prefijadas por el propio Ayuntamiento. Las decisiones adoptadas por la ciudadanía serán vinculantes para el Pleno municipal».

¿Qué tiene de malo consultar a los vecinos y vecinas las actuaciones que consideran prioritarias con el poco dinero que nos va a quedar en el capítulo de inversiones del presupuesto de años venideros, condicionado por la elevada deuda heredada? ¿Tan descabellada es la propuesta que con éxito ha realizado Peligros, tan simple como dar la posibilidad a los vecinos de elegir entre 20 acciones a desarrollar en el capítulo de inversiones? ¿No están de acuerdo en que el resultado de la consulta sea «vinculante»? ¿A qué tiene miedo el portavoz de Ciudadanos cuando dice en el pleno que no quiere ser «responsable de las consecuencias de las decisiones» de los ciudadanos?
Flaco favor hacen a la democracia si unos y otros piensan que sólo los representantes políticos pueden intervenir en la elaboración de los presupuestos. Con sana envidia comprobamos que más de 5.000 ideas han presentado los ciudadanos de Madrid para que se incluyan en los primeros presupuestos participativos de la capital.
«Postureo» y «humo», opina el portavoz del grupo popular. Nosotros lo vemos como una forma saludable de dignificar la política implicando a los ciudadanos.
Desde el PSOE nos emplazan a esperar a que se apruebe -¿en abril?- la Ley Andaluza de Participación Ciudadana. Si por los socialistas fuera aguardarían pacientemente otros 20 años, el tiempo que más o menos ha transcurrido desde que se aprobara un reglamento que no se han preocupado en aplicar. Ni siquiera han hecho aportación alguna al documento que se llevó a pleno.
El equipo de gobierno no hubiese tenido ningún inconveniente en adaptar el reglamento si así lo exigiera la futura ley andaluza que, por cierto, promovió IU cuando gobernó en coalición con los socialistas en la anterior legislatura.
Nos quedamos con las palabras que pronunció el alcalde durante el pleno: «Lo importante es crear conciencia colectiva entre los vecinos para saber cuáles son sus demandas, propuestas, problemas e inquietudes; y de esa manera acertar cuando se lleven al pleno porque, de lo contrario, podemos estar en el pleno debatiendo sobre cuestiones que no responden a lo que quieren los vecinos».
Desde nuestro punto de vista, el reglamento era un paso firme hacia una democracia mucho más participativa porque, por primera vez, además de dar voz, se otorgaba capacidad de decisión en algunos asuntos importantes. No hay por qué tener recelos a la acción no tutelada de la ciudadanía.
Entre Todos seguiremos profundizando en la democracia real.

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