El último auto de la Audiencia Provincial de Granada suspendiendo «indefinidamente» uno de los muchos juicios que el exalcalde socialista Víctor Sánchez tiene pendientes por posible prevaricación y otros delitos, supone dar un «carpetazo» a los múltiples casos de irregularidades urbanísticas y condenar a los vecinos y vecinas de Atarfe.
Se pierde una gran oportunidad de que el principal causante de la bancarrota de Atarfe y de los mayores destrozos que se han hecho al municipio, junto a promotores y otros cooperadores necesarios de la trama de corrupción urbanística, asuma responsabilidades penales por su nefasta y turbia gestión.
En los últimos cuatro años hemos sido testigos de diversas tretas de Víctor Sánchez para burlar la ley y evitar sentarse en el banquillo. No podemos decir que nos haya sorprendido la decisión judicial de la Audiencia Provincial de Granada puesto que ya en otros dos ocasiones se pronunció en los mismos términos, pero también sabemos que esto es una carrera de fondo en la que hay que salvar muchos obstáculos.
Lo que viene a decirnos el auto es que el desenlace de esta causa queda, una vez más, pendiente de la evolución del estado de salud del exregidor, lo que complica que en un futuro comparezca ante los tribunales de justicia. El recurso es el instrumento al que agarrarse para enmendar una decisión que consideramos injusta. No se trata de poner en riesgo la salud de ninguno de los acusados sino de defender los intereses de los ciudadanos que se han visto seriamente dañados con la gestión anterior.
Recordemos que el Tribunal Supremo ha ordenado repetir dos juicios -los casos de la Alcoholera y el Balcón del Cubillas- que acabaron condenando solo a un técnico municipal y que, de haber sido juzgado el también acusado Víctor Sánchez, permanentemente ausente por enfermedad, hubiera corrido la misma suerte. En aquella sentencia, el Alto Tribunal decía claramente que el arquitecto no fue el autor de las resoluciones arbitrarias que integraban el delito de prevaricación, sólo el técnico informante, por lo que supuestamente el autor material de la prevaricación era el alcalde. De acuerdo con la doctrina penal, indicaba la Sala, no se puede enjuiciar a un partícipe si no se enjuicia al autor, pero ninguna de las irregularidades cometidas que demostraron el delito de prevaricación fue desmontada por el Supremo. Se anuló por una cuestión de forma pero no de fondo.
No viene mal hacer un poco de memoria porque, además de los casos de la Alcoholera y el Balcón del Cubillas que deben revisarse de nuevo, Víctor Sánchez tiene pendientes los dos juicios sobre la macrourbanización Medina Elvira Golf, el asunto relacionado con los terrenos que afectaron al suelo equipamental y verde del municipio, provocando incluso que se edificara un colegio en el patio del Instituto de Enseñanza Secundaria Ilíberis; el Residencial la Estrella, por el que también fue condenado el arquitecto; las agrupaciones de sectores, la venta de suelo de Proyecto Atarfe y otras cuatro operaciones urbanísticas agrupadas en una misma causa.
Las leyes y las garantías judiciales que se derivan de las mismas no pueden servir para pasar por alto los desmanes urbanísticos que se cometieron en el pasado, no pueden ser un seguro para que la corrupción quede impune. Ha quedado demostrado en varios de los casos que hubo infracción penal y que las denuncias se sustentaban en hechos, como también es incuestionable el perjuicio que ha causado a los ciudadanos y que ahora pagamos. Fuera del ámbito penal son numerosas las reclamaciones de cantidades que el Ayuntamiento debe afrontar, una de las últimas guarda relación con el desarrollo irregular del sector industrial de los Calerines por el que el municipio ha sido condenado a desembolsar 800.000 euros. Suma y sigue.
Y si ya resulta desconcertante la deriva judicial de la que hemos sido testigos durante estos años, más asombroso es que en este tiempo la dirección provincial del PSOE no haya depurado responsabilidades políticas, suspendiendo de militancia a quien tanto daño ha hecho y hace al pueblo y a su partido, con su alargada sombra proyectada en el grupo municipal.
De momento, no hay culpables reconocidos pero sí víctimas: los propios ciudadanos que sin juicio alguno han sido condenados a pagar desorbitadas sumas millonarias de dinero por las tropelías cometidas por quienes en pasado debían dar ejemplo en el cumplimiento de las normas.
