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Una condena que el PSOE no puede pasar por alto

residencial la estrella
El gobierno municipal de Atarfe considera que la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la condena de 7 años de inhabilitación al arquitecto municipal por el caso del residencial La Estrella obliga a la dirección del PSOE a “depurar responsabilidades políticas y expulsar de militancia a Víctor Sánchez como principal cabecilla de la trama de corrupción urbanística”.
El fallo del Alto Tribunal confirma -en opinión de la portavoz del equipo de gobierno, Rosa Félix (PASI)- que “se actuó fuera de la legalidad en numerosas operaciones urbanísticas que han causado importantes perjuicios a los ciudadanos, sin que hasta el momento se haya castigado al principal promotor, el entonces alcalde socialista Víctor Sánchez”.
Los hechos se remontan a 1997 cuando se autorizó en suelo público la construcción de un residencial de 116 viviendas destinadas a la tercera edad, pero que luego se vendieron como apartamentos libres. El Supremo ha avalado la condena a seis meses de prisión y otros siete años de inhabilitación al arquitecto municipal y ha desestimado su recurso al considerar que elaboró un informe «prevaricador» para construir un residencial ilegal.
“De haber sido juzgado el también acusado Víctor Sánchez, permanentemente ausente por enfermedad, hubiera corrido la misma suerte”, ha asegurado Rosa Félix, quien ha recordado que en los últimos años “hemos sido testigos de diversas tretas para burlar la ley y evitar sentarse en el banquillo”.
El gobierno municipal considera “sorprendente” que en este tiempo la dirección provincial del PSOE “no haya depurado responsabilidades políticas, suspendiendo de militancia a quien tanto daño ha hecho y hace al pueblo y a su partido”.
La justicia ha ordenado repetir otros dos juicios que acabaron en condena: los casos relacionados con el cambio de uso de terrenos de la antigua fábrica Alcoholera y del residencial Balcón del Cubillas. Las sentencias se anularon sin entrar en el fondo de las irregularidades, cuestionando únicamente que se juzgara al técnico y no al alcalde, principal responsable del presunto delito de prevaricación.

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