La Urbanización “Medina Elvira Golf” de Atarfe, junto a Campo de Golf de 18 hoyos, es uno de los mega proyectos de Andalucía que han causado mayores pérdidas económicas y medioambientales y, sin duda, es el desastre urbanístico más importante de la provincia de Granada. Ha consumido más de 100 hectáreas (100 campos de fútbol) de uno de los parajes más bellos y fértiles de la ribera del río Cubillas, con gran parte de sus suelos protegidos por su alto valor ecológico y ambiental. Actualmente, el campo de golf está abandonado y Medina Elvira Golf se ha convertido en una urbanización inacabada y fantasma. Podría haberse evitado.
Antes de iniciar las obras, en el año 2005, Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía a los responsables municipales y autonómicos que habían dado el visto bueno a un proyecto que afectaba a suelos protegidos por el POTAUG, vulneraba la LOUA y el planeamiento de Atarfe; pero la denuncia fue archivada. En el año 2007, ya con la urbanización iniciada, Ecologistas en Acción, Salvemos la Vega, Adobe Arquitectura y Compromiso Social, y la Asociación de Vecinos de Caparacena interpusieron otra denuncia ante la Fiscalía contra el entonces alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez, y el promotor de Medina Elvira Golf, Maximiliano Balboa. Ésta vez sí prosperó.
En sede judicial hay dos causas abiertas. En la primera de ellas se denunciaba las irregularidades de la urbanización, el campo de golf, la usurpación de dominio público (nueve barrancos, caminos públicos y vía pecuaria) y la venta irregular de los 99.000 m2 de suelo que pertenecían al Ayuntamiento de Atarfe. La fiscal separó esa venta en otra pieza para investigar el perjuicio causado a las arcas municipales. Sin embargo, esa pieza nunca se investigó pese a la enorme diferencia entre el precio al que vendió el Ayuntamiento (33 €/m2) y la plusvalía que obtuvo Balboa (1.080 €/m2) en escasos días.
La segunda causa fue abierta en el año 2011 a raíz de unas escuchas telefónicas efectuadas a uno de los promotores de Medina Elvira Golf por la UDYCO de Málaga. La conversación captada con Tomás Ruíz Maeso, alcalde de Atarfe en ese momento y actualmente condenado a 8 años de inhabilitación por otra causa, dio lugar a la apertura de las segundas diligencias. Se imputó a los dos ex alcaldes y al arquitecto municipal por haber aprobado las licencias de primera ocupación sin estar terminada la urbanización ni la red de saneamiento y depuración. Asimismo, se acusó de estafa a los promotores por haber vendido las viviendas. Todavía no se ha celebrado el juicio.
Ya han pasado más de diez años desde la denuncia. Es importarte poner de manifiesto las enormes dificultades que los grupos ecologistas tienen para mantener una acusación popular en un tiempo tan dilatado y sin medios económicos para pagar abogados, procuradores, peritos… Ha sido una tarea casi imposible, pues todo depende del trabajo voluntario y del apoyo colectivo. A lo más que se llega en los casos denunciados es a interponer una primera denuncia ante la Fiscalía y a esperar que el Ministerio fiscal actúe con diligencia. Si ya es difícil sostener la acción de la Acusación Popular en los juzgados provinciales, es imposible recurrir las sentencias al Supremo por falta de medios económicos para ello.
Pese a todo es una noticia excepcional que el Supremo haya admitido el recurso de casación y haya fijado la vista oral para el próximo día 22 de Junio. Es la primera vez en Granada que asociaciones ciudadanas han conseguido que sea admitido un recurso de casación en el Supremo contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada por la que se absolvía a los acusados y contra el sobreseimiento provisional por razones de salud del acusado Víctor Sánchez. Ha sido posible porque han contado de forma generosa y altruista con la ayuda Carlos Castresana como abogado de la acusación popular.
Castresana es jurista y ex-fiscal del Supremo, presidió la Unión Progresista de Fiscales (UPF), trabajó en la Fiscalía Anticorrupción desde su creación en 1995, donde estuvo dedicado a investigar delitos económicos, en algunos casos de gran relevancia tanto nacional como internacional. Encabezó investigaciones notorias como el caso Gil relacionado con ex alcalde de Marbella, el caso contra los militares que gobernaron Argentina desde 1976, o el que dio origen al juicio contra Pinochet y a la detención del militar chileno en Inglaterra. La Secretaría General de la ONU le encargó la dirección de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Fue director de Programas de Derechos Humanos del Center for Law and Global Justice de la U. de San Francisco.
Carlos Castresana se interesó por el caso Medina Elvira Golf tras conocer la caótica manera con la que ha venido instruyendo y enjuiciando en Granada, durante la última década, los múltiples y gravísimos delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, de corrupción y de expolio del dominio público en Atarfe, municipio de la Vega de Granada víctima de la especulación y el expolio salvajes, con la connivencia de los responsables municipales de la época y constructores desaprensivos.
Hay que destacar que en el desarrollo de este proceso ha jugado un papel clave la Asociación Democracia en Acción de Atarfe, germen de lo que posteriormente ha sido la candidatura de Por Atarfe Sí (PASI), que gobierna actualmente Atarfe.
El Ayuntamiento, además de hacer frente a la responsabilidad civil subsidiaria, hereda una urbanización ingobernable e insostenible. La actual corporación está pendiente que el Supremo acepte el recurso y se le ofrezca acciones pues considera que se han vulnerado los derechos de defensa del Ayuntamiento por no haber sido tenido como parte en el proceso por el Juzgado ni por la Audiencia.
