Del caso de la macrourbanización Medina Elvira Golf han pasado desapercibidos algunos detalles de interés para los vecinos y vecinas de Atarfe. En el transcurso de la investigación que llevó a cabo la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil se intervinieron conversaciones telefónicas al entonces alcalde, Tomás Ruiz Maeso, y al que, según los mandos policiales, era el «alcalde en la sombra», Víctor Sánchez, que demuestran que sus decisiones causaron un perjuicio claro a las arcas municipales.
El gobierno que preside Paco Rodríguez Quesada ha dado a conocer hoy a los medios de comunicación el escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada sobre el caso Medina Elvira Golf (Atarfe), en el que solicita que el Ayuntamiento pueda ejercer la acusación particular durante el juicio por ser parte perjudicada en el entramado promovido por “una asociación criminal que acumula más de 20 causas penales”.
También se ha anunciado la intención de acudir al Tribunal de Cuentas para que audite la gestión de gobierno entre los años 2011 y 2015, al haber detectado graves irregularidades que “asfixian la delicada situación de las arcas municipales”.
La situación es complicada porque el juez ha declarado, a petición de los propietarios afectados que compraron allí viviendas, que el Ayuntamiento sea responsable civil subsidiario en el caso de que la sentencia sea condenatoria. Eso significa que, si hay condena, habría que asumir las indemnizaciones que se deben abonar a las familias perjudicadas, todas ellas víctimas de un engaño que exigen, como es razonable, una reparación por el daño que se les ha ocasionado.
Los afectados compraron sus viviendas en 2008 después de que las autoridades municipales concedieran licencias de primera ocupación a diversas promotoras del complejo residencial a sabiendas de que no contaban con los servicios mínimos de ocupación y habitabilidad. Tanto Paco como Rosa han mantenido en los últimos meses reuniones con los afectados que denuncian el progresivo deterioro de sus viviendas. La Concejalía de Urbanismo y Vivienda se comprometió a llevar a cabo una inspección técnica de los edificios.
Desde el gobierno no se quiere eludir responsabilidades con las familias que han visto lesionados sus derechos. Tan solo trata de demostrar que el Ayuntamiento resultó «perjudicado» por la trama urdida por los anteriores gobiernos, como así se desprenden de las escuchas telefónicas.
Paco ha explicado que el municipio fue “víctima de las acciones irresponsables y presuntamente delictivas de los antiguos mandatarios”, a los que responsabiliza de la “situación de UVI en la que se encuentra el Ayuntamiento”, con una deuda provisional que ronda los 70 millones de euros. El alcalde ha lanzado un “SOS” al resto de fuerzas políticas para tratar de regularizar la situación pero también ha reclamado a la dirección socialista en Granada que depure responsabilidades y no ampare irregularidades.
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En caso de que se condene al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario, la indemnización a los aproximadamente 70 afectados podría estar próxima a los 300 millones de euros, según una primera estimación que ha realizado Rosa Félix, concejal de Vivienda y Urbanismo.
Asimismo, Rosa ha cuantificado en al menos cuatro millones el perjuicio que han ocasionado los anteriores alcaldes a las arcas municipales por el caso Medina Elvira Golf. De las grabaciones se deduce que se pagó a un constructor 250.000 euros sin justificación alguna, se dejó de percibir en torno a dos millones de los avales de Vladigolf, se desvió dinero a otros fines que no guardaban relación con la conservación del patrimonio público del suelo y se utilizó a Proyecto Atarfe, entidad pública ya liquidada, para que se hiciese cargo de una deuda de dos millones que una empresa tenía contraída con CajaGranada, sin que conste un motivo que lo justifique.
Rosa Félix ha denunciado el “pelotazo urbanístico” que obtuvieron los promotores con la compra de 100.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento cedió a 36 euros el metro cuadrado y que los empresarios luego revendieron a precios “desorbitantes”, por encima de los 1.000 euros por metro cuadrado. También se ha referido a la responsabilidad de la Junta de Andalucía por no haber realizado el control de las actuaciones urbanísticas, al tiempo que ha solicitado a la dirección del PSOE en Granada que depure responsabilidades entre los socialistas atarfeños.
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Por si alguien tenga todavía dudas, queda demostrado en las escuchas que el verdadero “jefazo en la sombra” era Víctor Sánchez.
Queremos dar las gracias a Carmen Lizárraga, parlamentaria andaluza de Podemos, que ha participado en la rueda de prensa para exigir al Gobierno andaluz que se lo tome en serio y apueste por una Cámara de Cuentas andaluza que ponga coto a la corrupción. Ha destacado el ejercicio de transparencia del gobierno de Atarfe frente a la “opacidad” de sus predecesores, y ha recordado que una de sus primeras iniciativas parlamentarias de Podemos, que el Gobierno andaluz no tuvo en cuenta, perseguía la fiscalización de la gestión en los ayuntamientos de Atarfe y Cádiz por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
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En la misma línea se ha pronunciado nuestra compañera y diputada de Podemos por Granada, Ana Terrón, quien ha alertado de los casos de corrupción urbanística y ha subrayado la necesidad de que el Tribunal de Cuentas tome cartas en el asunto y audite las cuentas de Atarfe.
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Lo de hoy ha sido un intento más de defender los intereses de todos los vecinos y vecinas de Atafe, señalando a los verdaderos responsables del desastre en la gestión que se ha venido haciendo en los últimos años.
